La tesis judicial dice que el espacio habilitado por la Presidencia, supuestamente para denunciar falsedades, “ha operado como un instrumento de estigmatización, utilizando recursos públicos para desacreditar y señalar de manera unilateral a periodistas críticos como ‘mentirosos’, atribuyéndose de facto la facultad de definir la ‘verdad’ y la ‘mentira’ desde el poder político, lo cual contraviene las libertades de pensamiento, de expresión y de prensa”.
