La patronal advierte que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) pone en cuestión once años de tramitaciones ambientales de todo tipo de infraestructuras e industrias. Los promotores apuntan que la ejecución de unos 3.000 MW queda en suspenso a la espera de que se pronuncie el TJUE, mientras la Xunta defiende la labor de sus técnicos
